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La Argentina necesita superar la inequidad y desarticulación que hoy tiene su sistema de salud y avanzar hacia un sistema de atención sanitario integrado y equitativo, que ponga al ciudadano en primer lugar.Esta es la visión que guía a la convocatoria para conformar un PACTO ARGENTINO POR LA INCLUSIÓN EN SALUD (PAIS). Priorizar al ciudadano implica, por un lado, tener en cuenta tanto sus expectativas, como las barreras y dificultades que encuentra al transitar por el sistema y, por el otro, defender su derecho a la salud garantizando el cumplimiento de las obligaciones de quienes integran el sistema. La falta de articulación no se superará con la mera participación de todos los actores: es necesario que se involucren, con roles definidos, desempeñando funciones precisas y en el marco de un sistema.

El objetivo es conseguir más y mejor atención de la salud para los habitantes del país a partir de la  articulación, movilización y plena utilización de todos los recursos disponibles.

El PACTO ARGENTINO POR LA INCLUSIÓN EN SALUD es el primer paso para una transformación institucional del sector, que permita al Ministerio de Salud de la Nación, los ministerios provinciales y su herramienta de coordinación, el COFESA (Consejo Federal de Salud), trabajar en forma articulada, como un comando estratégico único, donde cada actor tenga un área de intervención y función determinada. Solo se alcanzará una sólida rectoría cuando los ministerios de salud tengan injerencia efectiva y transparentada sobre las prestaciones que brindan la seguridad social (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y otros agentes), las empresas de medicina prepaga y los otros actores que proveen atenciones a los diferentes grupos poblacionales.

La estructura política y administrativa federal del país condiciona al funcionamiento del sistema de salud, pero no lo condena a la atomización y a la anarquía donde “cada cual atiende su juego”. Otros países federales lograron construir la rectoría en salud e implantar mecanismos de consenso y concertación estables. Argentina también puede y debe hacerlo.

El PACTO ARGENTINO POR LA INCLUSIÓN EN SALUD surge de la necesidad de incorporar cambios normativos que organicen las responsabilidades en el financiamiento y la gestión de la atención de la salud.
El modelo de atención es un esquema de división del trabajo del sistema para construir salud. Definirlo, por lo tanto, significa establecer qué cuidados se deben brindar, quién los debe brindar, cuándo y cómo. Construir salud es un objetivo complejo y no se parece a la producción de ningún otro bien. Su complejidad se manifiesta, por ejemplo, en los cuidados a aplicar. Menos cuidados de los necesarios pueden implicar un aumento de los riesgos de enfermar o morir; pero aplicar más de los requeridos, además de aumentar los costos, puede igualmente incrementar los riesgos. Otro ejemplo lo constituyen los servicios del primer nivel de atención que se transforman en centros de emergencia y resultan tan disfuncionales para el sistema como aquellos servicios de alta complejidad que asumen cuidados primarios. Por eso, decidir qué modelo de atención pretende construir la Argentina es el primer paso para definir nuestro modelo de salud.
El PACTO ARGENTINO POR LA INCLUSIÓN EN SALUD considera imprescindible aumentar la inversión del Estado en el sector y disminuir el gasto directo de las familias. La inversión total en salud del país es una de las más altas de América Latina, tanto en términos de porcentaje del PBI como de gasto anual por habitante. Sin embargo, la salud que se logra resulta insuficiente. Los sistemas de otros países con niveles de gasto sanitario menores registran mejores resultados. El problema no reside en el nivel de inversión sino en su composición: el componente gubernamental detenta una baja participación en la financiación sectorial. Además, la mayor parte del gasto público en salud corresponde a recursos provinciales y municipales, mientras que la participación del presupuesto nacional en la financiación sanitaria es residual.

Incrementar el peso de la participación de los recursos nacionales en la financiación sanitaria es central para lograr un mejor rendimiento y una distribución más equitativa de los recursos. En otras palabras, no es necesario aumentar el gasto total, sino la inversión pública. Si se pretende producir más y mejor salud es necesario que el gasto nacional aumente y que, al mismo tiempo, disminuya el aporte de las familias. Esto generaría mayor capacidad de rectoría por parte del Estado y también permitiría aumentar la equidad en el gasto.