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Por Javier O. Vilosio*

 

Finalmente, el Senado de la Nación sancionó la Ley de Reforma Tributaria enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo.

El veloz trámite de este Proyecto, aprobado con modificaciones en Diputados el 21 de diciembre y en el Senado seis dias después –fin de semana navideño de por medio- debe analizarse en el contexto político inaugurado con la excelente elección realizada por el oficialismo en Octubre y su decisión de obtener rapidamente la sanción de un conjunto de Leyes que la Presidencia consideraba fundamentales en las sesiones extraordinarias del Congreso convocadas para los ultimo dias del año. A saber: la reforma previsional, la laboral, la tributaria, Ley de Responsabilidad Fiscal y el Presupuesto 2018.

Sin mayoría parlamentaria el oficialismo necesitó generar acuerdos con sectores de la oposición, que transitaron instancias de enorme turbulencia, por la sensibilidad de los temas en cuestión.

El trámite de la llamada reforma previsional se produjo en un contexto de extraordinaria violencia –verbal y física- cuyas consecuencias se proyectarían mucho más allá de las refriegas callejeras.

El 31 de octubre pasado el Ministro de Economía, al presentar el extenso proyecto de reforma impositiva, dijo: “El consumo de productos perjudiciales para la salud tiene costos individuales y costos sociales (daños a terceros, gastos del sistema de salud). Proponemos desincentivar su consumo a través del aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y bebidas con azúcar agregado.”

Eso fue música para los oídos de los sanitaristas –o como quiera que uno llame a los profesionales vinculados desde el pensamiento o la acción al funcionamiento de los servicios de salud, y la problemática de la salud poblacional- : Dujovne proponía grabar en forma gradual con tasas de hasta el 17% a las bebidas con azúcar agregado –que hasta el momento tributaban entre el 4 y el 8%-, las bebidas con alto contenido alcohólico hasta el 29% -hasta ahora tributando el 20%-, las cervezas del 8% actual al 17%, y bebidas espumantes y champañas, y vinos y sidras del 0% actual, al 17% y al 10% respectivamente.

Para el tabaco la cuestión resultaba opuesta: el proyecto proponía una alícuota del 70% – contra el 75% que tributaban hasta el momento- pero con un mínimo de $28 por paquete de 20 unidades, previendo un efecto fiscal neutro.

Por su parte el recientemente asumido Ministro de Salud –experto en epidemiologia de las enfermedades no transmisibles- definió la obesidad infantil como el principal problema de salud pública en Argentina, sosteniendo que ha aumentado entre nosotros más del 40% en los últimos ocho años, y que en la Región somos el primer consumidor de bebidas azucaras per cápita. Por lo tanto, no dudó en definir el problema como “una epidemia gravísima que puede hipotecar el futuro de la próxima generación”.

Pero el entusiasmo duró poco.

El ya conocido juego de las presiones y las negociaciones en la trastienda del poder, en proporciones cambiantes y desiguales, produjo sus resultados: de acuerdo a la Ley finalmente aprobada los vinos no tributarán, tampoco las bebidas con azúcar agregado. Y en relación al proyecto del Gobierno las cervezas tributarán un 3% menos. Los cigarrillos no sufrieron modificaciones respecto de la propuesta de Dujovne: pagarán 5% menos que hasta ahora, y ello ha encendido las alarmas de quienes adelantan una posible disminución del precio.

Y es que, contrariamente a lo sostenido desde los sectores económicos vinculados con la producción y la comercialización de estos productos[1] y grupos políticos que los representan (de uno y otro lado de La Grieta), abunda la evidencia respecto de la utilidad y el impacto positivo sobre la salud pública que tiene el aumento del precio de los productos que el propio Ministro Dujovne definió como perjudiciales para la Salud.

¿Qué tan perjudiciales?

El Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) estima que una reducción del consumo del 10% de gaseosas azucaradas podría evitar 2.600 muertes anuales por causa cardiovascular, unos 13.385 casos de diabetes; y cerca de 4.000 eventos cardíacos y cerebrovasculares. Y que una reducción de aproximadamente el 11% en el consumo podría lograrse con un 10% de aumento en los precios de las mismas. Según el mismo estudio “Argentina es el mayor consumidor de gaseosas en el mundo ya que se consumen en promedio 133 litros por habitante por año”[2].

Respecto del tabaco, se considera que en nuestro país existen unos 9 millones de tabaquistas, y que se producen anualmente unas 40.000 muertes vinculadas con el consumo. Y unas 6.000 muertes anuales, además, corresponderían a no fumadores expuestos al humo.

La Fundación Interamericana del Corazón (FIC) estima que en nuestro país un aumento del 33% el precio de los cigarrillos reduciría el consumo de tabaco en un 10%. Aumentaría, además, la recaudación en $6.139 millones al año, y se reducirían los costos sanitarios en $1.200 millones por año[3].

La OMS relaciona el consumo de alcohol con más de 200 patologías, y señala que además aumenta la susceptibilidad y disminuye la adherencia al tratamiento de otras enfermedades, como el VIH y la tuberculosis, y es el principal factor de riesgo de muerte en adolescentes. En Argentina se lo asocia con unas 8.000 muertes anuales, por enfermedades y lesiones asociadas a su uso. Se trata de la sustancia psicoactiva más consumida por estudiantes de secundaria en todo el país, y casi sin diferencias en los patrones de consumo de alcohol entre varones y mujeres[4].

Según la OMS Argentina está en el tercer lugar de los países consumidores de alcohol per cápita del continente americano, con 9,1 litros/año, detrás de Canadá (10 litros/año) y Estados Unidos (9,3 litros/año).

Como siempre, además, los grupos sociales más afectados por el consumo de alcohol, cigarrillos y calorías vacías son los más pobres de la sociedad.

¿Fue esta reforma tributaria una oportunidad perdida para avanzar en el camino de políticas de estado saludables? ¿Hubo desde el principio verdadera voluntad de avanzar en esta línea o se trató de una estrategia para la mesa de negociación con los patrones políticos de las provincias productoras, para lograr los votos que el oficialismo no tenía? ¿En base a qué consideraciones las necesidades de salud pública resultaron subalternas al economicismo de corto vuelo?

Una vez más, la urgencia y la gobernabilidad (viejos fantasmas de la política argentina) impusieron sus reglas en un contexto de decisores políticos escasamente proclives a avanzar más allá de la retórica y el asistencialismo –tan embelesados están con su propio discurso-,  ensanchando todavía más la brecha entre las bellas palabras y las acciones concretas.

Una nueva oportunidad perdida.

 

 

 

*Médico. Master en Economía y Ciencias Políticas.

Miembro del Grupo PAIS.

 

 

[1] Por ejemplo: Coca Cola dejó trascender que frenaría inversiones por unos u$s 1.000 millones en nuestro país, prometidas al Presidente en la Cumbre de Davos de principios de 2016, y dejaría de comprar jugos a productores citrícolas por unos u$s 250 millones. Por supuesto, algunos días después el rumor se desmintió.
[2] CEDES: Proyecto B.A.S.T.A. http://www.cedes.org/basta/
[3] FIC: Impuestos al tabaco http://www.ficargentina.org/informacion/control-de-tabaco/impuestos-al-tabaco/
[4] SEDRONAR, Sexto estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media 2014.  http://scripts.minplan.gob.ar/octopus/archivos.php?file=4121

Un pensamiento en “Política fiscal y salud pública

  1. Excelente artículo. La eliminación o rebaja de impuestos a bebidas o alimentos que dañan la salud de la población, en particular de los niños y jóvenes en el caso de las bebidas azucaradas, me produjo una triste sensación. Es que los grupos de presión y los intereses de algunos políticos que no tienen poder suficiente y distorsionan en este caso la relación entre gobernabilidad y salud, terminan optando por la primera,
    A los gobernadores y parlamentarios que abordaron las reformas no se los escuchó hablar de este tema. Los intereses pasaban por otro andarivel.
    Horacio Lores

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