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Por Horacio Lores

Desde siempre, tomando como punto de partida el año 1946 cuando comenzó el primer gobierno peronista con Carrillo como primer Subsecretario de Salud, poco después Ministro cuando se creo el Ministerio de Salud, el sindicalismo puso límites al desarrollo de un sistema regido realmente por el Estado. Carrillo desarrolló su gran obra mientras los recursos abundaban pero luego, más o menos a partir de 1951/1952, el sindicalismo fue alejando a Carrillo de Perón y éste modificó sus opiniones optando por la creación de hospitales sindicales para los trabajadores v.g. los hospitales ferroviarios, dejando los hospitales públicos para la gente de pocos recursos. El resto lo hizo la Fundación Eva Perón que, entre sus muchas realizaciones, se dedicó también a construir hospitales. La idea de un sistema nacional  de cobertura igualitaria y universal terminó finalmente de un saque cuando la revolución libertadora inició la transferencia de los hospitales nacionales a las provincias y que éstas se arreglaran como pudieran.

Cuando durante el onganiato se necesitó de apoyo sindical para lograr gobernabilidad, se sancionó la 18.610 (Manrique), que consolidó definitivamente, al menos hasta ahora, nuestro malformado sistema de salud, ineficiente, inequitativo, injusto y fragmentado, dando vía libre a las obras sociales y mediante éstas al sector privado.

Todo lo que se hizo después fueron vanos esfuerzos para cambiar esa realidad. Fueron solo parches. A medida que los años corrían el poder de las obras sociales sindicales fue en aumento. No puedo extenderme más dado que éste no es el medio para ello, pero quiero finalizar diciendo que el sindicalismo nacional y en parte el sector privado mediante las prepagas, son los que marcan el rumbo del sistema. ¿Por qué hay falta de pediatras generales, de clínicos generales, de médicos generalistas o de familia? ¿Por qué los hospitales de mediana y baja complejidad, sobre todo los del interior, tienen serios problemas para conseguir profesionales? Hoy el sector privado financiado por las obras sociales (y por el Estado para que le cubran servicios que él no presta), orientan la formación de los médicos hacia especialidades y subespecialidades que permiten lograr empleo en los grandes centros y buenas remuneraciones.

Otro tema que contribuye a estas distorsiones es el de las corporaciones médicas fuertes como la de los anestesistas que le han torcido el brazo a los ministerios de salud de todas las provincias en cuanto a la regulación del acceso a las residencias y a las remuneraciones.

Por eso creo que si el CUS se comparte con la CGT, si van a ser ocho mil millones o no, poco interesa. Creo que nada va a cambiar. Por fortuna hay en el país una buena infraestructura pública que a pesar de muchos problemas permite dar una cobertura más o menos aceptable a los pobres, según las provincias. Si se mejorara la gestión la accesibilidad y el tránsito de los enfermos por los diferentes servicios la atención podría ser mucho mejor.

Entonces ¿no se puede cambiar esta realidad? Para mi, definitivamente no. Solo se va a lograr un avance significativo cuando se defina con claridad una política nacional de salud, con un fondo único para el financiamiento y con un gobierno con la capacidad y fortaleza suficientes para llevar adelante ese cambio.

Mientras tanto, mejoremos la gestión de nuestros hospitales y atendamos a la gente  con los medios y recursos necesarios para que el tener que recurrir a un servicio público de salud no atente contra la dignidad de las personas, por ejemplo, con el suplicio de obtener un turno y que el mismo sea respetado.

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