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El principio de escasez se aplica al conjunto o acumulación limitada de recursos que conservan los estados para poder cumplir con las metas de un modo equitativo en los planos de igualdad y de desarrollo social. Estos recursos son limitados, y cada día se reducen más y más de forma algorítmica, por lo tanto, nunca serán suficientes para poder arropar todas las necesidades que tienen los individuos. Este principio, se basa en el hecho comprobado de que el ser humano jamás termina de saciar sus necesidades. Mientras más carestías se presentan, más se van añadiendo al conjunto de necesidades que es necesario satisfacer. Habitualmente una sola sociedad no posee los recursos suficientes para proveer de manera adecuada a su población, por lo que se recurre al intercambio y al comercio de bienes y servicios. La escasez obliga entonces, a priorizar las necesidades o metas de la sociedad. Un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Por esa razón es que necesita personal, financiación, información, suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación y una dirección. Y esas combinaciones de recursos deben permitir proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. El problema de los sistemas de salud fragmentados o de múltiple y diversa cobertura de salud es que en realidad no configuran un sistema, pues “un sistema es un grupo de componentes que pueden funcionar recíprocamente para lograr un propósito común y que son capaces de reaccionar en forma conjunta al ser estimulados por influencias externas’’.1 Dicho de otro modo, es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. En los sistemas pluralistas y diversos cada uno juega su propio partido con autoridades débiles con baja capacidad de imponer y hacer respetar reglas de juego comunes. Depende entonces de la capacidad, financiamiento y desarrollo de cada subsistema los resultados alcanzados y las brechas que se van generando entre uno y otro. 1 Teoría General de Sistemas. Ludwimg Von Bertalanffy (1968) ¿Qué sucede entonces ante la necesidad de imponer criterios de priorización y racionalización en una multiplicidad de subsistemas de salud que conviven sin autoridad regulatoria común? Cada uno tratará de evitar los ajustes pero siempre los más fuertes, los más poderosos, protegidos, educados tenderán a imponerse sobre los que no tienen cobertura formal, están desocupados, poseen baja educación y capital social. El objetivo fundamental de un buen sistema de salud articulado correctamente es mejorar la vida cotidiana de las personas de forma tangible. Una mujer que recibe una carta alertando que su hijo debe vacunarse contra una enfermedad potencialmente mortal está obteniendo un beneficio del sistema de salud. Lo mismo ocurre con una familia que finalmente puede acceder al agua potable o cloacas por un proyecto de saneamiento del gobierno, o con una persona con VIH/SIDA que obtiene medicamentos antirretrovirales, asesoramiento nutricional y exámenes periódicos en un centro de salud ambulatorio asequible. El principal responsable por el desempeño global del sistema de salud de un país es el gobierno, pero también resulta fundamental la buena rectoría de las provincias, los municipios y cada una de las instituciones sanitarias. Sin embargo, es dilema de incremento de necesidades y limitado financiamiento, no es solo un problema de los sistemas de salud de los países pobres sino que es un tema muy común. Algunos países con economías muy desarrolladas tienen grandes sectores de la población que carecen de acceso al sistema de salud (mecanismos de protección social son injustos) otros, están luchando contra el aumento de los costos debido a la utilización ineficiente de los recursos. Los problemas de financiamiento de los sistemas de salud pluralistas al igual que los sistemas (únicos) de salud aparecen fuertemente influenciados por el envejecimiento de la población, la disminución de personas activas laboralmente, las innovaciones tecnológicas (procedimientos, cirugías, diagnósticos, y nuevos fármacos y terapias) y finalmente, el incremento de expectativas y demandas de la población cubierta por el sistema o los diferentes subsistemas. Se hace fundamental la creación de una instancia institucional del tipo Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que permita trabajar con rigurosidad técnica y evidencia científica al momento de definir la utilidad terapéutica de las diferentes patologías que van surgiendo. En salud donde convivimos con una verdadera revolución científico tecnológica la regulación no puede estar planteada a través de las leyes y la jurisprudencia sino que requiere de instrumentos técnicos que en un marco ético permitan realizar evaluaciones económicas de las tecnologías sanitarias. Ya lo han hecho en la región Brasil y Colombia siguiendo el ejemplo de otros países como Inglaterra, Canadá, Australia y Suecia hace un par de décadas y como lo ha propuesto el Presidente Obama para USA. Se hace cada vez más necesario el establecimiento de prioridades para el gasto en salud que permita considerar la sustentabilidad del sistema. A diferencia de lo que sucedía hace unos años, donde todo se concentraba desde el punto de vista técnico en el desarrollo de instrumentos para el análisis de los datos acerca del costo y la efectividad de cada tecnología, hoy se abrió una instancia donde se incorpora a la discusión los valores, instituciones e información en la cual deben basarse los procesos de toma de decisiones. Cada experiencia debe adaptarse a las condiciones y contexto en el que tiene lugar y el proceso de priorización debe considerar factores de índole distinta como son los elementos técnicos, valores y expectativas de las sociedades, ideología y sistema de salud establecido, legislación y mecanismos de incentivos a los profesionales. Los países que fueron pioneros (aparte del estado de Oregón en EEUU) fueron Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Noruega, Holanda y Suecia. 2 La experiencia de Oregón muestra problemas derivados de un excesivo énfasis en la evaluación económica3 Si bien este ejemplo se basaba en la idea del racionamiento por exclusión en Nueva Zelanda, se prefirió la vía de las guías de buena práctica, de modo que se tuvieran en cuenta las circunstancias individuales de cada paciente. Una síntesis de ambos criterios aparece en las pruebas desarrolladas en los Países Bajos. El caso sueco en cambio aparece como el más ponderado considerando la inclusión de los principios de dignidad humana, necesidad (y solidaridad) y costo efectividad tratado en la legislación aprobada por el parlamento nacional 4 En Argentina el tema todavía no ha podido instalarse desde el punto de vista político, dado el divorcio que sigue existiendo entre los debates, desarrollos académicos y discursos políticos con las decisiones que se tienen que tomar al momento de administrar los subsistemas de salud. Es importante lograr una discusión que permita una mayor comprensión de la importancia del mismo y que tienda a evitar la discriminación por default o la hipocresía de aprobar ampliaciones de los derechos a la salud a sabiendas de que no será posible el acceso para todos los ciudadanos. La complejidad del sistema de salud argentino con su diversidad de coberturas, ausencia de rectoría y reglas de juego 2 Ham C. Robert G. Reasonable rationing International experience of priority setting in health care. London. Open University Press. 2003 3 Benach J. , Alonso J. El plan de salud del estado de Oregón para el acceso a los servicios sanitarios: contexto, elaboración y características. Gac. San. 1995 4 Swedish Parlamentary Priorities Commission. Priorities in health care: Ethics, economy, implementation. Stockholm, Ministry of Health and Social Affairs. 1995 comunes, indefiniciones jurisdiccionales, desintegración del funcionamiento así como la exigencia de transparencia y la urgencia de discusión por parte de la sociedad civil, configuran un panorama complejo para abrir y dar un debate explícito. Que es el derecho a la salud – Quien lo hace operativo ¿Cuáles son los límites y los alcances del derecho a la salud? ¿Quién es el encargado de fijarlo? El médico, el juez o en realidad, el legislador es quien debe establecer ese marco. Por lo general, la población y el político se excluyen al momento de establecer prioridades. Según la ley de elección pública (Public Choice) la población nunca aprueba la restricción del gasto público sino por el contrario tiende a favorecerla, pero luego, se queja por la alta presión fiscal que existe. La pregunta que podríamos hacernos en un país como Argentina o en alguno de América Latina es: ¿qué pasa cuando existe un porcentaje tan alto de la población que vive al margen de los sistemas fiscales, trabajando en negro (más del 35%) sin empleo formal y en consecuencia sin pagar impuestos directos (ganancias) ni realizar aportes y contribuciones (seguridad social)? Seguramente el hecho de que no le afecte los impuestos de manera directa hace que su comportamiento sea más permisivo respecto del gasto público del cual terminará siendo un beneficiario. ¿Es posible, entonces, alcanzar una cobertura de salud para todos, en todo momento y en todo lugar y de todos los bienes y servicios que la innovación va incorporando al mercado o en realidad es una utopía? Aquí aparece la variable de la escasez para recordarnos que no tenemos recursos para financiar la utopía. En palabras de Vicente Ortún ‘la eficiencia clínica pasa por la maximización de la calidad de la atención y la satisfacción de los usuarios con los menores costes sociales posibles. La eficiencia tiene dimensión temporal, es dinámica: mejora en la medida que se innove en respuesta a los cambios demográficos, en morbilidad, en tecnología, en costumbres y preferencias, y en recursos disponibles.’ Respecto de la equidad (el juicio acerca de lo que se considera justo) se corre el riesgo de ingresar en un área de contradicción con la eficiencia clínica, algo a lo que estamos acostumbrados. El paciente susceptible de obtener mejoras importantes en su tratamiento es A, en tanto que la sociedad tiende a estimar que quien debería recibirlo es B por encontrarse en una situación peor. En tanto A optimiza la eficiencia clínica B optimiza la equidad. Por lo tanto sabemos que la equidad expresa un juicio de naturaleza social en tanto que la eficiencia clínica expresa un juicio profesional. En la teoría esto no debería ser una contradicción dado que el médico se limita a establecer prioridades teniendo en cuenta criterios clínicos y la priorización con criterios no clínicos (unas enfermedades sobre otras, una edades sobre otras y una clases sociales sobre otras) esta a cargo de la sociedad. Lo que termina sucediendo es que esta priorización de las coberturas se efectúa en forma implícita y escasamente transparente. Sabemos que explicitar tiene costos políticos (decir que se hace implica decir lo que se deja sin hacer) y los políticos respecto de estas cuestiones prefieren no comprometerse. Como ya señalamos en otro párrafo la sociedad también evita tomar posición y renuncia al planteo de prioridades, atacando en forma directa la idea de equidad sin que se note lo suficientes (las decisiones se toman por default) El sector salud tiende absorber recursos por encima de la creación de riqueza. El crecimiento del gasto sanitario supera anualmente el crecimiento del PBI de los países y si este incremento del gasto es por el aumento del financiamiento privado, claramente estamos ante una situación donde se agrava la inequidad. El financiamiento exige un incremento de la carga fiscal o bien una selección de prestaciones a cubrir en forma solidaria y para ello se requiere criterios selectivos equitativos. Si bien la teoría predica que la equidad tiende a expresar las preferencias sociales ante la desigualdad, la práctica nos muestra diariamente que quien opera el criterio es el médico ante la indefinición cómoda de políticos y de la población. Un médico va a utilizar sus valores en forma consciente e inconsciente (en el mejor de los casos y recomendaciones en el peor) a la hora de ejercer juicio sobre el orden de prelación de tratamientos y pacientes. Es necesario comenzar a salvaguardar el sistema de salud de algunos que se dicen defensores y que tienden a lanzar consignas de todo gratis para todos, abriendo paso al deterioro y propiciando la exclusión de colectivos sociales más desguarnecidos que no tienen capital social suficiente como para poder ejercer sus derechos en la “jungla” de un sistema de salud judicializado. La defensa de la salud pública pasa por hacer operativos (que implica establecer límites y regulaciones) al acceso, sobre todo en cuanto a tecnologías, y tratamientos que no han demostrado evidencias y tampoco costo efectividad suficiente. En este sentido resulta clave distinguir adecuadamente la diferencia entre la autorización de una tecnología o un medicamento (ingreso al mercado) porque cumple con eficacia, calidad y seguridad de la financiación solidaria de los servicios y los bienes de salud, que es quien da origen a la denominada 4ta garantía, que además de las anteriores cumpla ahora con ser una tecnología costo efectiva. La política debe involucrarse en la definición de las reglas de juego en el sector. El mercado no sabe de valores, es indistinto para él la edad de la persona o el lugar donde vive. El costo de oportunidad del tratamiento, o el agotamientos de los recursos (barreras de acceso) son restricciones que rigen para todos por igual (menos para los que tienen dinero para pagar) sin considerar en forma especial edad, nivel de ingreso o costo efectividad de la prestación. Los médicos diagnostican y curan a sus pacientes, los abogados abogan por sus clientes – paciente, pero siempre tienen un individuo delante y no responden al colectivo social (población) donde no todos son iguales desde el punto de vista económico, político y social. Quien debería velar por los intereses de la población mas desguarnecida son los políticos (representantes de los poderes legislativos y ejecutivos) son ellos los encargados de establecer las reglas de juego, los criterios de equidad y justicia para equilibrar los derechos con el principio de escasez. Los costos políticos que estas decisiones dicen acarrear están generando serias y graves distorsiones en lo que debería ser una distribución equitativa y justa de los bienes. Los políticos que suelen llenarse la boca respecto del mercado evitan de esta manera definir de un modo consensuado las prioridades que permitan a los médicos, financiadores, jueces y población tener un marco general con reglas que establezcan los comportamientos en cada caso. Al dejarlo librado al mercado, cada uno utiliza lo que tiene para alcanzar lo quiere, no importa si en el camino una persona de 80 años recibe una prótesis importada para 20 años que cuesta 6 veces que la nacional y al mismo tiempo están faltando recursos para servicios médicos de primer nivel de atención que evitan muertes de niños por enfermedades respiratorias que son más propensas en el período pos neonatal (más del 90% de las defunciones ocurren durante este período.) El caso del sistema de salud argentino En este caso podemos identificar algunos factores que justifican la necesidad de priorizar: a) los cambios demográficos que ya están presentes en la sociedad argentina (envejecimiento de la población, movimiento de población no controlados como es el caso de turismo sanitario y asentamientos irregulares (villas de miseria)) b) altos porcentajes de población (promedio nacional de 40%) que no tiene cobertura de salud (prevención, promoción, diagnóstico, médico asignado, etc.) y solo tiene prestaciones médicas y acceso gratuito a la consulta e internación cuando la persona ya tiene la patología. c) Impacto de la innovación tecnológica incrementa, intensidad y patrones de uso de nuevas tecnologías. Impacto de la oferta sobre la demanda de servicios. d) Medicalización de la vida y auto prescripción y consumo de medicamentos. Además el sistema de salud presenta una serie de rasgos que afectan la viabilidad y la definición de prioridades: – Un sistema con una fuerte descentralización jurisdiccional fruto, de decisiones de política fiscal no vinculadas con la organización de la salud y sin haber dotado posteriormente al sistema de un esquema de rectoría y reglas de juego comunes. Como consecuencia, impera la fragmentación política y de los sistemas de información. Como bien menciona Federico Tobar un sistema “donde las responsabilidades por los cuidados se fragmentan y duplican entre múltiples prestadores y donde la organización de la cobertura se segmenta en diferentes esquemas de protección (público, privado y del seguro social)” – La convivencia de un modelo intensivo en el factor trabajo a bajo costo, así como el divorcio entre gestión y asistencia deterioraron desde hace años el mecanismo de incentivos a los profesionales que trabajan en el sistema pero no se sienten parte de él. – Grave problema de gobernanza del sistema, apoyado por la rotación y carácter político de las cúpulas gerenciales en el sector público y la incipiente profesionalización de la seguridad social. Se tiende muchas veces hacer gravitar la lógica electoral por encima de la racionalidad técnica. – Bajo nivel de gasto público en salud comparado con la media de los países de la región. Argentina ha tenido durante las últimas décadas en democracia un crecimiento del gasto privado (superando el 40%) y dejando retrasado al gasto público puro (estatal) y el semi público (seguridad social). Incrementando enormemente la inequidad del sistema. – Un sistema de información en salud fragmentado y heterogéneo que no permite tomar decisiones fundadas y transparentes. – Un programa médico obligatorio solamente vigente para una parte restringida de la población (obras sociales nacionales y prepagas) y que no está construido sobre bases técnicas sólidas que permita establecer criterios claros de inclusión y exclusión. La inexistencia de una instancia de evaluación económica de tecnologías constituye una debilidad regulatoria importante. – Ausencia de un esquema de cobertura de enfermedades catastróficas que en un sistema tan diverso, pluralista y fragmentado impacta fuertemente sobre el acceso equitativo al sistema y crea incertidumbre respecto de los resultados. – Ausencia de una instancia de calidad que permita establecer claramente los prestadores (estatales y privados) que están en condiciones de brindar servicios y cuales son los pasos para mejorar la seguridad del paciente. El proceso político de fijar prioridades Una sociedad donde los partidos políticos no presentan plataformas electorales explícitas para evitar quedar entrampados con la letra de los compromisos asumidos, difícilmente pueda notar la necesidad de establecer prioridades que les pueden generar costos políticos ante el electorado. La búsqueda del voto domina la situación y la perversidad de las discusiones antitéticas que se producen generan una inmovilidad importante en los cambios que el sistema requiere. Para mencionar solamente las acusaciones de privatizadoras de cualquier decisión que se tome para mejorar la eficiencia del sistema, la acusación de neoliberal y ajustador ante la mínima expresión de racionalizar el funcionamiento del mismo, esconde intereses particulares importantes y el uso de la ideología para frenar cambios en los sectores sociales. En el caso de la salud y luego de ver algunas encuestas que no la ponen como prioritaria, esto se puede deber al hecho que existen “válvulas de escape” como son el libre acceso a la urgencia y la doble o triple cobertura por una parte sumado al escaso conocimiento de la población respecto a lo que significa el derecho a la salud. El derecho a la salud no es solo recuperar la salud pérdida sino fundamentalmente mantener y cuidar la salud. Existe aquí un accionar conjunto del estado y del ciudadano que muchas veces es ignorado. Nos enfrentamos entonces a un dilema importante siendo el establecimiento de prioridades un proceso fuertemente político que debe estar conducido por objetivos consensuados socialmente y realizarse en forma explícita para garantizar legitimidad en el contexto en el cual se aplica. Como bien explicitan (Carlos Polanco, Juan del Llano y Sandra García) 5 a nivel internacional existe, teóricamente, un enfoque común que pone énfasis en la identificación explícita de los principios, la creación de un proceso robusto6 más que la búsqueda coyuntural de soluciones técnicas, la necesidad continua de flexibilidad clínica, el avance de la medicina basada en la evidencia y de la investigación de resultados en salud y el incremento en la implicación de los distintos agentes que intervienen en los sistemas sanitarios. Es necesario un proceso de establecimiento de prioridades en el sistema de salud argentino. La situación parece reunir muchos de los requisitos necesarios, en particular, el hecho de establecer primacías comunes para todo el sistema permite alcanzar y mejorar el grado de gobernanza de un sistema donde cada uno hace lo que quiere y como puede. El gasto sanitario sigue creciendo y se desbalancea a favor del gasto privado y de la seguridad social fruto de la presiones que recibe dejando cada vez más atrasado al gasto estatal que solo tapa agujeros una vez que los eventos se han producido. Argentina convive con un desarrollo insuficiente y deficiente del primer nivel de atención de la salud que no contiene ni selecciona pacientes por nivel de complejidad. Las presiones y las demandas terminan cayendo en el mismo lugar. Los medios, han comenzado a cumplir un papel importante en materia de distorsiones dado que al exponer las fallas del sistema desde un punto de vista individual y considerando solo la demanda social que esta ante la vista de los televidentes evita pensar soluciones colectivas que brinden respuestas más amplias y equitativas. Ciertos lobbys de los proveedores de salud se confunden muchas veces en estas reivindicaciones e impiden visualizar claramente las prioridades. Está claro que las presiones por mayor gasto no pueden abordarse sólo aumentando el financiamiento sino que requiere una reflexión más profunda, sobre todo, al uso racional (en salud más no siempre es mejor) que subyace a la oferta que tienda a producir una reorientación que brinde respuesta a los nuevos retos. 5 C. Polanco; Juan del Llano y Sandra García. Que servicios y para quien. El establecimiento de prioridades en el sistema nacional de salud español. Elementos para un debate informado. Gestión Clínica y Sanitaria. Volumen 8. Primavera 2006. 6 Holm S. Goodbye to the simple Solutions: the second phase de priority setting in Health Care. BMJ: 1998. La fragmentación institucional del sistema de salud argentino obliga a pensar en nuevas instancias de acuerdo y consenso que permitan superar al Ministerio de Salud que ya no cuenta ni con recursos ni prestadores como para establecer reglas de juego comunes tan necesarias. El Consejo Federal de Salud tiene un rol importante que cumplir, pensando en una instancia de ampliación incorporando a la seguridad social nacional y provincial, al PAMI, seguros públicos nacionales y otros actores importantes al momento de priorizar las prestaciones necesarias para todos los habitantes. Una política de oferta racional de servicios no atadas a las circunstancias y beneficios electorales (apertura de hospitales de alta complejidad en zonas remotas, o centros de internación 24 horas o incorporación de tecnologías en forma acrítica) requiere justamente en el establecimiento explícito de las prestaciones que se deben incluir en un programa médico obligatorio nacional. La concreción de este programa no puede estar en manos de un solo actor sino que debe convocar a profesionales, pacientes e instituciones aseguradoras y proveedoras de bienes y servicios de salud. La forma de establecer prioridades tiene que darse en un proceso explícito y participativo, sostenido en cauces democráticos de participación y basado en un espíritu de cohesión social y de lealtad institucional.

Carlos Alberto Vassallo Universidad Nacional del Litoral / Universidad de San Andrés

2 pensamientos en “Derecho, escasez y prioridades en salud

  1. Excelente Charlie !!!

    ¿En qué medida la ingeniería política de un país afecta las formas producir salud?
    En resumen, un problema complejo se reduce a la Eficiencia, al Muro de Contención, la Ingeniería Política y la Producción de la Salud.

    EFICIENCIA
    Según el Diccionario de la Real Academia Española, eficiencia (del latín eficiencia) es ‘la capacidad de describir a una persona eficaz de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado’. No debe confundirse con eficacia, que se define como ‘la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera’.
    Cuando se otorguen prestaciones adicionales (en un contrato financiador – efector) no obligatorias debe precisarse circunstanciadamente los montos correspondientes a percibir. Indicadores – programas y metas: “se entrega al efector una copia del plan médico asistencial de la obra social a los efectos de dar cumplimiento con los puntos del anexo i del resol. 194/01 SSSalud y futuras modificaciones dicha información será relevada anualmente por la obra social”.

    UN MURO DE CONTENCIÓN
    Es la Acción y efecto de contener o contenerse. Del lat. contentio, -ōnis, der. de contendĕre ‘tender con fuerza’, f. desus. Intensión y esfuerzo.
    Condiciones de acceso a las prestaciones: Deben estipularse los requerimientos para el acceso a las prestaciones por parte del beneficiario y que “El Sistema Debe Tender A La Continua Mejora Tecnológica En La Identificación Del Afiliado”. Indicadores De Uso y Morbimortalidad: El prestador se compromete a remitir a la Obra Social la información estandarizada sobre indicadores de uso y morbimortalidad requerida para la elaboración de las estadísticas que establece la resolución 650/97 reestablecida por la Resolución 078/00 de la Superintendencia de Servicios de Salud. Acceso y transferencia de los registros prestacionales.

    LA INGENIERÍA POLÍTICA
    Es la aplicación de los principios de la ciencia política, los principios y buenas prácticas de la ingeniería, y el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la planificación, diseño, construcción, valoración, y despliegue de un sistema o arquitectura de recursos humanos y tecnológicos (la Arquitectura Socio-Política) que sea capaz de lograr una lista de objetivos socio-políticos dentro de un marco político y un marco de tiempo previamente determinados.
    Solución de controversia: Deben establecerse las condiciones de integración de comisiones mixtas. Indicar el número de los beneficiarios a cubrir y el eventual al plan con que se encontrarán cubiertos, cuando corresponda. Debe adjuntarse el padrón de los beneficiarios.

    PRODUCIR SALUD
    Es que salud es un concepto abstracto, es un instante. Producir salud desde el enfoque de promoción de la salud es que las personas utilicen las herramientas para buscar la salud. Consumir asistencia vendría a ser lo contrario. El bienestar no es compartido, no lo busca la persona, no busca la salud, sino escapar de la enfermedad. La percepción en este caso es recuperativa. No debe confundirse con empoderar o ser garantistas por fines espurios, (hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido).
    Entre los incumplimientos esenciales a prever y que darán lugar a la resolución del vínculo, en el contrato debe establecerse que, si la red incumple o cumple defectuosamente la obligación de pago a los establecimientos o profesionales integrantes de las redes, al vencimiento del plazo perentorio otorgado por el Agente para su cumplimiento, se producirá la extinción del vínculo. Lo expuesto, sin perjuicio de las multas contractuales que pudieren corresponder e indemnizaciones por daños y perjuicios a que hubiere lugar de acuerdo a la legislación de fondo aplicable.

    Bibliografía:

    Contratos – Resumen General De Contenido; del anexo i del resol. 194/01 SSSalud y futuras modificaciones dicha información será relevada anualmente por la obra social. 331/04 sobre relevamiento de medicamentos farmacéuticos. 1099/09 sobre programas de prevención. 229/11 sobre programas de prevención. 083/07 sobre el programa médico asistencial. 076/98 Cartilla médica asistencial. 075/98 sobre reclamos de beneficiarios

    Debe prever específicamente el acceso al registro de prestaciones médicas. Auditoría de las prestaciones: Debe indicarse sobre las condiciones que permitan a la Obra Social y a la Superintendencia de Servicios de Salud realizar en terreno las auditorías necesarias para evaluar el cumplimiento y la calidad de las prestaciones comprometidas. 650/97 sobre estadística poblacional.

    Se debe instrumentar un mecanismo que informe por lo menos mensualmente, y en forma detallada, las altas, bajas y modificaciones del padrón. Trazabilidad. Forma de contratación: Especificar el precio y modalidad de pago (monto fijo, acto médico u otras). Cuando corresponda indicar el porcentaje a abonar por el beneficiario en la compra de medicamentos para tratamientos ambulatorios. 594/11 sobre trazabilidad de medicamentos. 362/12 sobre trazabilidad de medicamentos.

    Magíster Antonio Camerano
    Director Médico
    Obra Social del Personal de la Industria Textil
    OSPIT – RNOS 1-2100-2

    @aacamerano

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