Home

Ante la perspectiva de un nuevo gobierno, diversos sectores políticos plantean diferentes prioridades o estrategias para lograr el propósito común de un sistema de salud accesible a la totalidad de la población, cuyos componentes se articulen entre sí, brindando servicios equitativos según las necesidades de cada usuario. Dentro de la fragmentada estructura sanitaria del país —una amplia red de servicios públicos que dependen de 24 jurisdicciones provinciales, más de 300 obras sociales y múltiples seguros privados o prepagos—, es necesario distinguir los cursos de acción que permitan avanzar en ese sentido. Dos lineamientos pueden ser considerados las “llaves” de la reforma, de los que derivarán múltiples medidas a instrumentar para optimizar su funcionamiento.
Se debe avanzar hacia la estructura federal del sistema. Para que todos los habitantes tengan cobertura de salud, los que no estén protegidos por un plan previo —ya sea que carezcan de capacidad contributiva o que sean beneficiarios de planes sociales—, deberán recibir la cobertura del Estado provincial, mediante Seguros Provinciales de Salud (SPS’s). Para garantizar su sustentabilidad, los SPS’s deberán ser respaldados por el Estado Nacional con fondos coparticipables. De este modo toda la población podrá tener acceso a servicios públicos y privados, ya que quedará incorporada a un régimen de Seguridad Social universal, donde todos dispondrán de un carnet que identifique la entidad aseguradora —una obra social, un prepago o el Estado—. La capacidad de gestión de las provincias, también deberá ser fortalecida con la descentralización del PAMI, ya que los servicios que asisten a sus beneficiarios se encuentran bajo esas jurisdicciones. En estas condiciones, el organismo regulador natural, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), podrá disponer de un padrón unificado de todos los usuarios, garantizando la confidencialidad a cada entidad aseguradora.
Se debe transitar del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda. Si todos los usuarios de servicios públicos o privados contaran con un único carnet que identifique su cobertura, cada institución que presta servicios podrá facturarlos a la entidad aseguradora correspondiente. En el caso de los establecimientos estatales, que actualmente dedican sus mayores esfuerzos a atender sin cargo a la población sin cobertura, podrían facturar todas sus prestaciones al Estado y estarían en condiciones de recaudar una gran cantidad de recursos por esa vía. Los Estados provinciales que actualmente los sostienen financiando sueldos, insumos y mantenimiento (la oferta), podrían dedicar la mayor de esos gastos a solventar las facturas resultantes de la población atendida (la demanda). De este modo hospitales públicos y centros de salud, podrían acceder a una administración descentralizada, alentando el mayor interés del personal por la mejora de los servicios.
En síntesis, las medidas planteadas permitirían instrumentar una seguridad social de cobertura universal, fortalecer la capacidad de decisión de las provincias en la gestión del sistema de salud, y posibilitar que los establecimientos estatales funcionen como empresas públicas de servicios, que es la tendencia hospitalaria en todo el mundo.
Hugo E. Arce
Médico sanitarista
Miembro del Grupo PAIS

 

http://www.clarin.com/opinion/Cobertura_universal-PAMI-Federalismo-Coparticipacion_0_1456654366.html

4 pensamientos en “Hacia un sistema de salud integrado y eficiente

  1. Creo muy conveniente que ante el próximo debate presidencial frente a la votación a presidente del día 22 de noviembre, se pregunte claramente a cada uno de los candidatos si adhieren a no a este modelo de salud y plantear a sus equipos cual es la política de salud que tienen pensado llevar adelante. En mi opinión, sin un compromiso claro pre electoral, todo quedará en promesas quizá incumplidas una vez más en la historia de nuestro país. Este modelo planteado por el Dr. Hugo Arce con el que acuerdo en general, no es a mi criterio posible de inplementar con un gobierno de Cambiemos. Pero porqué no se lo preguntamos a ambos candidatos ?

    Rut Verlinsky
    Médica auditora

  2. Coincido con Rut Verlinsky en que sería una contribución muy valiosa a la democracia argentina y a la salud pública, que los principales candidatos se posicionen respecto a la salud. Más aún si en concreto pueden responder a la propuesta puntual de los seguros provinciales. Pero lamento admitir que estamos aún muy lejos de conseguir que la salud ingrese en la agenda presidencial. Vamos a tener que trabajar mucho más, construyendo consensos, armando y alimentando blogs y escribiendo artículos como este de Hugo Arce antes de conseguirlo.

  3. ¡Albricias por el aporte de propuesta que hace el artículo! Comparto la idea general del artículo de equilibrio entre descentralización y centralización en la reforma, que incluye el cambio de subsidio a la oferta por subsidio a la demanda. Pero con dos puntualizaciones: 1- El seguro de salud provincial no debe convertirse en la “obra social de los pobres”, cosa que puede evitar tratando de incluir los beneficiarios de la obra social provincial y los afiliados del PAMI en la provincia. 2 – La reforma del sistema estatal provincial y municipal es indispensable que sea simultánea, porque sino, por las rigideces del estado resistentes a su reforma, el seguro implicaría una canalización desproporcionada de prestaciones y fondos al sector privado, más flexible.
    Toda reforma es un poco o mucho conflictiva; el esfuerzo político es minimizarla.

  4. Entiendo la preocupación del Dr Neri, pero creo que para evitar que los seguros públicos provinciales no se conviertan en “la obra social de los pobres” no es lo mejor meter a la fuerza a los beneficiarios del PAMI y de la obra social provincial. “Primun non nocere”. En mi opinión hay varias medidas que garantizarían una ingeniería sanitaria adecuada sin que sea necesario “unir cajas”.
    En un artículo titulado “¿Cómo hacer Seguros Públicos de Salud?”
    (http://www.revistamedicos.com.ar/numero69/opinion_tobar.htm)
    postulo diez condiciones para que los seguros públicos sean parte de la solución en lugar de generar más problemas sanitarios.
    1. Que exista una identificación precisa de la población asegurada. Esto es más que dar carnets, es mantener historias clínicas al día con cuidados preventivos garantizados y evaluados.
    2. Que permita alcanzar la cobertura universal del sistema de seguros de salud en la provincia donde se implementa. Nadie puede no estar asegurado, algunos tendrán obra social, otros prepaga y otros tendrán seguro provincial. Si Chile y Uruguay lo lograron ¿porqué nosotros no vamos a poder?.
    3. Que exista un plan único y explícito de beneficios cubiertos para los asegurados. Colombia cometió el error de hacer un POS (Programa Obligatorio de Salud) diferente para los beneficiarios del seguro contributivo y los beneficiarios del régimen subsidiado. Muchos años después asumieron que eso solo generó inequidad y lo corrigieron unificando el programa de cobertura.
    4. Que incorpore incentivos a los prestadores y que sean independientes del ingreso del asegurado. (la clave del seguro es que se vincule la respuesta sanitaria con premiso, sino no tiene ventajas sobre el modelo tradicional de servicios públicos de salud).
    5. Que la organización del seguro privilegie el modelo de atención. Responsabilidad nominada, primer nivel como puerta de entrada, funcionamiento en redes de servicios de complejidad creciente, enfoque de ciclo de vida, protecciones por líneas de cuidados priorizados. En fin, todo lo que hemos aprendido que permite conquistar mejores resultados de salud para la población.
    6. Que no promuevan un esquema de competencia sino de cooperación entre prestadores. El objetivo no es ganarles a otro hospital sino ganarle a la enfermedad.
    7. El seguro público no compite con los demás seguros por la captación de asegurados. El Estado garantiza un piso de respuesta para todos los ciudadanos que, al menos debe ser igual al que brindan las obras sociales (PMO). Si esto sale bien va a suceder como en Uruguay donde los funcionarios públicos optan por canalizar sus aportes hacia el seguro Público (ASSE) en lugar de atenderse en servicios privados.
    8. Que los recursos financieros que sustentan el seguro involucren fuentes del tesoro provincial, pero también nacional. Nación tiene que aportar para corregir desigualdades territoriales y para garantizar una cobertura adecuada y similar a todos los argentinos.
    9. Que los servicios de salud reciban financiación vinculados con el cumplimiento de metas sanitarias. Ni presupuestos históricos (independientes de la prestación) ni pago por acto (que mercantiliza la atención médica) necesitamos contratos programa que midan la contribución de cada servicio a los objetivos de salud pública.
    10. Que se eliminen los subsidios cruzados en la financiación de los servicios de salud. Es decir que cuando un ciudadano que tiene obra social o prepaga y se atienda en un servicio público genere un ingreso al seguro público.
    Estoy seguro que si conseguimos cumplir con estos diez mandamientos superaremos el estigma de la “obra social de los pobres”.

Deja un comentario